El origen de las tierras en conflicto. Estudio devela el historial de los fundos de la familia Luchsinger

por: Claudio Leiva,

La Nación Domingo

Un trabajo del historiador Martín Correa señala que Adán Luchsinger Martí y sus hijos no sólo compraron terrenos que habían sido arrebatados a los mapuches en Vilcún. También acusa que corrieron deslindes y cobraron en suelos las deudas que los comuneros adquirían en la pulpería de los patrones.

Los fundos de la familia Luchsinger en Vilcún, cinco en total, se remontan a 1906, cuando el colono suizo Adán Luchsinger Martí compró 60 humildes hectáreas a un inmigrante alemán. Más de cien años después, las tierras del clan en esa zona suman 1.200 hectáreas, las que son reclamadas por las comunidades mapuches vecinas.
Son los mismos predios donde murió baleado el joven Matías Catrileo. Porque ni en los agitados años de la Unidad Popular esta familia había visto peligrar, como ahora, sus extensas propiedades. El último atentado al fundo Santa Rosa motivó que, por primera vez en cien años, un ministro del Interior visitara a este clan.
¿Cómo llegó esta familia a Chile? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Es cierto que usurpó las tierras, como reclaman las comunidades mapuches aledañas? El historiador Martín Correa Cabrera, investigador del Observatorio de los Derechos Indígenas, hoy Observatorio Ciudadano, publicó este año un estudio sobre los inicios de los Luchsinger en Chile y su relación con los mapuches.
Jorge Luchsinger, dueño del Santa Margarita, ha repetido una y otra vez que los campos de la familia están "saneados, oleados y sacramentados", y que ellos dan trabajo a los mapuches vecinos, con quienes no tendrían conflictos, porque los "agitadores son foráneos". En su investigación, Correa aporta antecedentes distintos.

El primer Luchsinger

El clan desciende de Adán Luchsinger Martí, quien nació el 22 de noviembre de 1868 en la ciudad de Engi, cantón suizo de Glarus. Llegó a Chile en 1883 y, antes de Vilcún, se asentó en Quechereguas, actual comuna de Traiguén, 70 kilómetros al norte de Temuco. El 10 de mayo de 1893 se casó con la inmigrante alemana Margaretha Rüff Studer.
Al igual que cientos de otros colonos italianos, franceses, suizos y alemanes, Adán Luchsinger fue "enganchado" en Europa por la Agencia de Colonización. Arribó a Talcahuano, puerta de entrada a la "Mesopotamia" de América del Sur. Con ese nombre se difundía en el viejo continente, en aquella época, a la recién pacificada Araucanía.
En Quechereguas, Adán Luchsinger recibió una concesión territorial de 60 hectáreas del fisco chileno, más una yunta de bueyes, una vaca parida, semillas y madera, entre otros bienes. En esta sencilla hijuela nacieron sus hijos Conrado, Enrique, Carlos y Melchor. En 1906, la familia Luchsinger se trasladó a Vilcún, a 20 kilómetros al oriente de Temuco.
Ese año, Adán compró 60 hectáreas al colono alemán Emilio Quepe y, según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco (CBRT), a partir de 1909 el patriarca del clan no paró de adquirir terrenos, hasta totalizar más de mil hectáreas. A su muerte, en 1936, la herencia se dividió entre los cuatro hijos.
De acuerdo al Registro de Propiedades del CBRT, en la actualidad los descendientes de estos cuatro vástagos tienen cinco predios: el mencionado fundo Santa Margarita, de Jorge Luchsinger Villiger; el fundo Santa Rosa Lote 1, de Rodolfo Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa Lote 2, de Enrique Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa, de Eduardo Luchsinger Schiferli, y otro fundo Santa Rosa, también a nombre de Enrique Luchsinger Schiferli.

Castigo a los mapuches

También de 1908 y 1909 datan los títulos de merced concedidos a las diez comunidades mapuches de Vilcún que rodean los terrenos de los Luchsinger. Se trata de numerosas familias que han denunciado una historia de despojos y usurpaciones, primero de parte del Gobierno chileno de esa época, y a manos de los Luchsinger después.
En efecto, tras la "pacificación", el fisco consideró que los terrenos de los mapuches sin trabajar eran sitios baldíos y los requisó. Si las comunidades acreditaban la posesión de su tierra por el tiempo que la ley exigía, se podían quedar en la "reducción" o "reserva". En eso consistía el título de merced, en un terreno reducido y reservado para indígenas.
En cambio, a las familias de colonos europeos el Estado chileno les entregaba hijuelas de 70 cuadras, más otras 30 por cada hijo varón mayor de 10 años. También recibían los pasajes gratis hasta Chile, tablas, clavos, una yunta de bueyes, una vaca con cría, arado, carreta, máquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia médica por dos.
Aquí está la raíz del problema, según el historiador Martín Correa: "Mientras a los mapuches se les castiga y reduce por carecer de medios de trabajo, a los colonos el Estado chileno los apoya, subvenciona y les entrega medios de trabajo".
El problema, asegura, se agravó cuando los colonos demarcaron los terrenos con líneas rectas. Las posesiones mapuches explica Correa siempre se han deslindado a través de accidentes naturales, como ríos, quebradas y alturas máximas. En cambio, las líneas rectas dibujadas en un plano poco o nada tienen que ver con la ocupación real y efectiva de un terreno. De ahí, entonces, las denuncias que recogió el investigador acerca de deslindes corridos "a la mala".

Hora de cobrar

El comunero Moisés Quidel entregó a Correa un relato que viene de sus abuelos: "Antes estaba Adán Luchsinger, Conrado después... La cosa es que antiguamente había poca gente y cerco no había; entonces, como ellos eran de plata hicieron cercos y marcaban donde se les antojaba no más, ¿Y qué iban a hacer los peñis, si no había medios? Y después que cercaron llegó la mensura, hicieron todos los documentos".
Quidel también le contó que Conrado Luchsinger "se instaló con una pulpería y los viejos decían que fue tanto el proceso de reducción, fue tan violento el proceso de poscolonización, que hubo gente que quedó totalmente empobrecida, quedó sin tierras, sin animales, les quitaron todos sus sembrados y ya no podían sembrar nada".
"Entonces, los peñis antiguos prosigue el relato iban a buscar harina para sobrevivir, trigo, sobre todo en las épocas de noviembre y diciembre, de grandes hambrunas. Mucha gente murió de hambre, y ahí Conrado Luchsinger abría libretas y la gente iba hipotecando sus corderos, sus animalitos y sus tierras. Y cuando llegaba la época [de cobrar] salía con carabineros, corría los cercos y así fue ampliando sus tierras, cobrando toda la plata de las deudas de la gente que compraba para sobrevivir. Al tiempo, él llegaba: ‘Tanto me debe usted, y como no tiene con qué pagarme, me paga en tierra’. Eso lo hacía en todas las comunidades".
Jorge Luchsinger, hijo de Conrado, contó en una entrevista a la revista "Qué Pasa" que "nosotros teníamos una pulpería en el fundo. Cada sábado la gente pedía, se le anotaba en el libro y a fin de mes se le hacía la liquidación y se le pagaba el saldo. Empezaron a decir que cobrábamos mucho por la mercadería, que no eran productos de calidad. Después reclamaban que la comida que les dábamos era mala, que tenía gusanos. Tiraban los platos al piso. Fueron las primeras protestas".

Devolución de tierras

Con estas "primeras protestas", el hijo de Conrado Luchsinger se refería a los años de Eduardo Frei Montalva y la reforma agraria, entre 1964 y 1970. Si bien a ninguno de los Luchsinger se les expropiaron terrenos, Jorge devolvió "voluntariamente" algunas tierras a los mapuches. Éstos dicen que fueron pedazos de cuatro o seis hectáreas, nada importante.
Sin embargo, las demandas territoriales tuvieron un gran auge en el Gobierno de Salvador Allende. En 1971, después de cuatro juicios, Jorge Luchsinger debió restituir 56 hectáreas a las comunidades Pedro Tori, Juan Cuyanao, Antonio Canío y Santos Marihueque.
Después del golpe de 1973, muchos latifundistas aprovecharon de "pasar la cuenta" a los activistas de sus fundos, aunque en esos convulsionados años las demandas mapuches no eran de raza. Hay detenidos desaparecidos de ese pueblo, pero las familias de las víctimas no hicieron gestiones judiciales o de otro tipo. Según el Informe Rettig, las causas de esta pasividad pueden haber sido el temor, el desconocimiento de cómo proceder, y una fundamental desconfianza en las instituciones del Estado.
Como sea, la familia Luchsinger estuvo tranquila hasta 1999, cuando la organización Ayjarewe Wenteche, de Truf Truf, sector ubicado al sur del fundo Santa Margarita, protagonizó la primera ocupación permanente de ese predio. Luego, en 2000, vinieron los atentados incendiarios, y a partir de 2005, el predio cuenta con vigilancia permanente de carabineros.

Demanda en Conadi

La investigación de Martín Correa también estableció que sí hay una reclamación por las tierras de los Luchsinger. Ellos insistían en que no había una demanda territorial. Sin embargo, en un catastro de la Conadi (www.conadi.cl/documentos_fondotierras/en%20proceso%20060507.pdf) aparece la comunidad Antonio Caniu en proceso de reclamación del fundo Santa Margarita.
El informe de Correa termina con otro mentís a la supuesta buena relación de los Luchsinger con sus vecinos mapuches. Se trata de un canal de tres metros de ancho por tres de profundidad que Jorge Luchsinger construyó en parte del perímetro de su predio. Tiene casi cinco kilómetros de largo y, según el agricultor, lo hizo para defenderse, porque "no me quedó otra alternativa".
Los mapuches están indignados. "Hizo un tremendo canal con máquina, ¿y qué no se muere ahí? Vacunos, un caballo se nos cayó, conejos, todo cae ahí. Y la veta de agua la rompió en la parte de arriba, nos dejó secos, y en esta parte de acá nos inunda (...)", señalan los comuneros que colindan con el fundo Santa Margarita.
"Es un tremendo daño agregan , echó abajo todo el bosque nativo, había como dos mil hualles grandes, arrasó con todo; así que ése sí que es un gran destructor. En ese canal se llega a caer uno en tiempo de invierno, lleno de agua, hasta ahí no más llega. Pa’l 18 [de septiembre] se cayó uno, Antonio Namuncura, murió ese hombre (...) No vamos a decir que es un gringo buena persona (...) Además, eso que dice de que da trabajo, más de cinco trabajadores no tendrá. ¿Y cuánto les paga? Una miseria. Entonces, él en la televisión lo cuenta bonito, en la prensa, pero no es así".

en http://lanacion.cl/

Los señores feudales del siglo XXI

por: Silvia Ribeiro*

En junio de 2008, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, de Brasil (MST), denunció la existencia de un informe secreto contra ese grupo, elaborado a iniciativa de la Brigada Militar de Río Grande do Sul (cuerpo militar en funciones policiales), con un par de fiscales de alquiler como fachada. Este documento fue “aprobado” en diciembre 2007 por el Consejo del Ministerio Público de ese estado, a partir del cual esas instituciones deciden trabajar para lograr la “declaración de ilegalidad” y posterior “disolución” del MST, uno de los movimientos sociales más relevantes de América Latina. El MST se fundó en 1985 en ese mismo estado, y actualmente tiene millones de miembros en todo Brasil. Según Leandro Scalabrim, abogado defensor, “estamos frente a la mayor conspiración cívico-militar desde el fin de la dictadura”.
Detrás de esta conspiración represiva, en pacto con los latifundistas históricos de Río Grande do Sul, militares y el gobierno títere de la gobernadora Yeda Crusius, están las grandes empresas trasnacionales de monocultivos industriales de árboles y cereales, como Stora Enso, Aracruz Celulose, Votorantim, Bunge, Cargill y ADM. Aunque se aprovechan de alianzas con los sectores más rancios y explotadores del estado, estas empresas son ahora las más beneficiadas de la represión a los movimientos sociales. Es público que Stora Enso, Aracruz y Votorantim entregaron cientos de miles de dólares para la campaña de la actual gobernadora, hasta entonces desconocida, ahora acusada de varios actos de corrupción.
Las trasnacionales forestales están ocupando agresivamente las mismas tierras que podrían ser desapropiadas por las autoridades para entregar a los Sin Tierra, según las leyes de reforma agraria, o sea, los grandes latifundios con tierras improductivas. Argumentan que al instalar miles de hectáreas de eucaliptos la tierra está “produciendo”. Pero esos monocultivos, además de ser ganancia sólo para las trasnacionales y producir papel inútil, después de ser talados dos o tres veces en 20 años, dejan la tierra muerta, sin nutrientes, agotada y llena de troncos talados que ya nunca volverán a crecer ni permitirán que ninguna otra cosa crezca. No están haciendo producir la tierra, sino matándola para que nadie más la tenga.
El informe, que iba a ser secreto, tiene las características típicas de las dictaduras militares del continente: es completamente falso. Entre otras falacias, acusa al MST de estar conectado con las FARC de Colombia, de que sus escuelas –que educan a nivel secundario y terciario a miles de hijos de campesinos– son centros de entrenamiento de guerrilleros y de que la lucha por la tierra, que llevan desde hace más de dos décadas y que logró 650 mil familias asentadas en tierras desapropiadas legalmente a enormes latifundios improductivos, no es más que una cobertura para otras actividades. ¡Vaya cobertura!
El MST ha venido sufriendo en los últimos dos años un recrudecimiento violento de los ataques y represión contra las acciones legítimas (y garantizadas por el derecho nacional e internacional de protesta), como movilizaciones, marchas y campamentos, que realiza con el fin de obligar al gobierno a cumplir con la ley de reforma agraria.
Las represiones más violentas que han sufrido se inscriben en la nueva estrategia tomada por la Brigada Militar a partir del informe citado. En ese marco se inició en marzo de 2008 un proceso penal contra varios integrantes del MST, acusados de lo que serían “delitos” según la Ley de Seguridad Nacional, una norma de la dictadura. En julio 2008, el reconocido abogado Nilo Batista presentó en nombre de los acusados un recurso para que se desestimara el proceso legal contra ellos por basarse en una ley caduca. Un juez federal negó el recurso, y la parodia de proceso “legal” ya comenzó.
Esto es gravísimo porque significa luz verde para usar la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura no sólo contra el MST, sino contra todas los movimientos y formas de protesta social en Brasil. Si este proceso continúa, Lula se convertirá en otro “gobierno popular” que usa leyes de la dictadura contra los movimientos. Así sucedió en Chile contra los indígenas mapuches, quienes protestan –incluso con huelgas de hambre de 112 días– por la invasión de sus tierras con monocultivos de las empresas Celulosa Arauco y Mininco del Grupo CMPC.
A punta de leyes amañadas y represión gubernamental contra indígenas y campesinos avanzan los desiertos verdes. Si los dejamos, estos nuevos señores feudales nos ilegalizarán a todos.

* Investigadora del Grupo ETC
en :http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=5556

El socialismo del siglo XXI: notas para su discusión

por: Atilio Borón

El propósito de esta ponencia es aportar algunos elementos para la discusión sobre el socialismo del siglo veintiuno. El tema, no por casualidad, está siendo objeto de una intensa y creciente discusión. Si hacemos una rápida consulta al Google y miramos el número de páginas existentes, a finales de Julio de 2008 sobre el "Socialismo del siglo XXI" veremos que aparecen listadas aproximadamente más de 1.200.000 páginas que responden a dicho título.
Dado el volumen de la bibliografía existente nos limitaremos a examinar algunas ideas que nos parecen centrales y que quisiéramos dejar como aporte para un futuro trabajo de elaboración colectiva. No tienen pretensión alguna de exhaustividad sino que, por el contrario, deben ser comprendidas como una parcial contribución a un debate en curso tendiente a lograr una definición cada vez más precisa del horizonte socialista de las luchas emancipatorias de nuestra época.
Abordaremos esta reflexión a partir de una distinción tripartita entre:
1. Los valores y principios medulares, que deben vertebrar un proyecto que se reclame como genuinamente socialista.
2. El programa de ese proyecto, es decir, el tránsito desde el universo de los valores a la agenda concreta de la construcción del socialismo y las políticas públicas requeridas para su implementación.
3. Finalmente, el tema del "sujeto histórico" (o los sujetos) de ese proyecto, y sus características distintivas.

Valores

Se trata de un tema clave, porque un proyecto socialista no puede manifestar la menor ambigüedad axiológica en relación a su crítica intransigente y radical a la sociedad burguesa. A la luz de las experiencias que tuvieron lugar durante la fase "keynesiana" del capitalismo no se puede alimentar la menor ilusión acerca de la capacidad de lograr reformas profundas y sobre todo duraderas en la estructura de este tipo de sociedad. La involución que sufrió a consecuencia de la contrarrevolución neoliberal a partir de los años 1980s demuestra, más allá de toda duda, que los avances que se habían producido en los años de la posguerra -y que dieran lugar a múltiples teorizaciones sobre "el fin de las ideologías", el agotamiento de la lucha de clases, las virtudes de la irrestricta movilidad social ascendente, el triunfo de la democracia liberal, etcétera- estuvieron muy lejos de ser irreversibles.
Esta reversión ha confirmado, una vez más, la extraordinaria resiliencia del capitalismo y su capacidad para retornar a la "normalidad" de su funcionamiento explotador, expoliador y opresivo una vez que se disipan las coyunturas amenazantes que, en los años de la posguerra, le obligaron a hacer pasajeras concesiones a las clases subalternas. Componente estratégico de esa coyuntura fue la amenazante presencia de la Unión Soviética. Y es que a pesar de su doctrina oficial de la "coexistencia pacífica", justamente criticada por el Che en numerosas intervenciones orales y escritas, la sola existencia del ejemplo soviético y posteriormente de la revolución china obligó a las burguesías metropolitanas a aceptar reivindicaciones que antes de 1917 hubieran sido respondidas apelando a los servicios de la gendarmería.
Dicho lo anterior es preciso subrayar que un socialismo renovado de cara al siglo veintiuno no puede quedar reducido a la construcción de una nueva fórmula económica, por más resueltamente anti-capitalista que ésta sea. El Che tenía toda la razón cuando dijo que "el socialismo como fórmula de redistribución de bienes materiales no me interesa." 3 De lo que se trata es de la creación de un hombre y una mujer nuevos, de una nueva cultura y un nuevo tipo de sociedad, caracterizado por la abolición de toda forma de opresión y explotación, el primado de la solidaridad, el fin de la separación entre gobernantes y gobernados y la reconciliación del hombre con la naturaleza.

Proyecto

El apartado anterior analizó, brevemente, la problemática de los valores y destacó la incuestionable superioridad ética del socialismo en relación al capitalismo, tema que no debe olvidarse pese a que muy a menudo se lo deja de lado. Veamos ahora el proyecto y un caso especial: "la planificación central" de la economía, que en el pasado fue interpretada como consustancial con el socialismo y que hoy aparece claramente como producto de una época no existiendo razones irrebatibles para que sea mantenida en el futuro.
Si en el marco del desplome del estado zarista, la Primera Guerra Mundial y la salvaje agresión perpetrada en contra de la joven república soviética la socialización de la economía fue asimilada con la total estatización de las actividades económicas, en la actualidad esa receta no sólo es inadecuada sino, además, contraproducente para la consolidación de un proyecto socialista en las condiciones actuales de la economía mundial.
Si el modelo de la estatización total de la economía fue una necesidad impuesta por determinadas circunstancias esto no significa que deba ser la única alternativa de un proyecto socialista. Y esta conclusión es válida aún si se tiene en cuenta que en su tiempo ese modelo fue altamente exitoso porque hizo posible un formidable desarrollo de las fuerzas productivas y convirtió al país más atrasado de Europa de comienzos del siglo veinte en una gran potencia industrial y militar. Sin embargo, sus logros en una fase de industrialización extensiva no fueron suficientes para responder eficazmente los nuevos desafíos planteados por la tercera revolución industrial, con el desarrollo de la microelectrónica, las telecomunicaciones, la informática y todas las aplicaciones industriales derivadas de estos adelantos científicos y, gradualmente fue perdiendo terreno ante sus rivales capitalistas hasta llegar a su inglorioso derrumbe final, cuando todo el edificio político construido por la primera revolución proletaria de la historia, un acontecimiento extraordinario en la vida de las naciones, se desplomó sin un solo disparo, y ante la increíble indiferencia de la población.
El tema de la magnitud e implicaciones de estos grandes cambios económicos mereció una aguda observación del Comandante Fidel Castro en su discurso del 17 de Noviembre del 2005 en la Universidad de La Habana conmemorando el sexagésimo aniversario de su ingreso a esa casa de estudios. Dijo en esa oportunidad que "somos idiotas si creemos, por ejemplo, que la economía -y que me perdonen las decenas de miles de economistas que hay en el país- es una ciencia exacta y eterna, y que existió desde la época de Adán y Eva. Se pierde todo el sentido dialéctico cuando alguien cree que esa misma economía de hoy es igual a la de hace 50 años, o hace 100 años, o hace 150 años, o es igual a la época de Lenin, o a la época de Carlos Marx. A mil leguas de mi pensamiento el revisionismo, rindo verdadero culto a Marx, a Engels y a Lenin."
Fidel tiene razón: la economía de hoy no es la de hace cincuenta años atrás. No lo son ni el paradigma productivo, ni las modalidades de circulación de las mercancías, ni las características del sistema financiero ni el entrelazamiento mundial del capital y el de éste con los estados de los capitalismos metropolitanos. Por lo tanto, las políticas económicas del socialismo deben necesariamente partir del reconocimiento de esas nuevas realidades. Y, al mismo tiempo, tener la humildad y la sensatez necesarias como para desconfiar de fórmulas librescas, pret a porter, que se presentan como válidas para todo tiempo y lugar para la construcción del socialismo. En esa misma plática a los universitarios Fidel decía que "uno de nuestros mayores errores al principio, y muchas veces a lo largo de la Revolución, fue creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo." Lección esta importantísima, no sólo por provenir de quien proviene sino porque desafía la tendencia pertinaz en la izquierda de reducir la construcción del socialismo a la aplicación de una receta, un modelo, una fórmula.

Sujetos

Claramente, en plural. No existe un único sujeto -y mucho menos un único sujeto preconstituido- de la transformación socialista. Si en el capitalismo del siglo diecinueve y comienzos del veinte podía postularse la centralidad excluyente del proletariado industrial, los datos del capitalismo contemporáneo y la historia de las luchas de clases sobre todo en la periferia del sistema demuestran el creciente protagonismo adquirido por masas populares que en el pasado eran tenidas como incapaces de colaborar en la instauración de un proyecto socialista.
Campesinos, indígenas, sectores marginales urbanos eran, en el mejor de los casos, acompañantes en un discreto segundo plano de la presencia estelar de la clase obrera. La historia latinoamericana, desde la Revolución Cubana hasta aquí, ha demostrado que, al menos en los capitalismos periféricos el exclusivismo protagónico del proletariado industrial no fue confirmado por los hechos. Baste recordar la caracterización del "pueblo" hecha por Fidel Castro en La Historia me Absolverá, o el papel de esas masas populares urbanas y rurales en los levantamientos que tuvieron lugar en Bolivia y Ecuador (que se tradujeron posteriormente en las victorias electorales de Evo Morales y Rafael Correa), o el heroísmo de esas masas en la derrota del golpe de estado de Abril del 2002 en contra de la Revolución Bolivariana para apreciar, en toda su magnitud, la multiplicación de los sujetos de la resistencia y oposición al capitalismo.
Para finalizar, no podríamos dejar de examinar esta problemática sin cuestionar la falsa oposición que suele plantearse entre partidos y movimientos sociales. Lamentablemente, en los últimos tiempos esta oposición radical se arraigó muy profundamente en el imaginario de numerosos actores sociales y políticos de América Latina y el Caribe. La consecuencia fue que mientras los partidos políticos de izquierda fueron todos ellos satanizados y considerados sin hacer distingo alguno -y por lo tanto cometiendo una enorme injusticia con algunos que lucharon ejemplarmente contra las dictaduras que asolaron a nuestros países en los años setentas y ochentas- como aparatos burocratizados, desmovilizadores y claudicantes, los movimientos sociales fueron exaltados como excelsas organizaciones inmunes a las deformaciones burocráticas, las ambiguedades, los personalismos y las mezquindades que según esta poco feliz interpretación caracterizarían a los partidos de izquierda de la región. Demás está decir que esta simplificación no resiste el menor análisis y que cualquiera mínimamente informado sobre la realidad sociopolítica de nuestros países sabe que los vicios que se achacan, muchas veces con justa razón, a los partidos también afectan, en mayor o menor medida, a los movimientos sociales. Sus proclamas a favor de la horizontalidad y el "basismo" no siempre encuentran una traducción real en la vida concreta de los mismos y no pocas veces son un discurso divorciado de los hechos. Y las "nuevas formas de hacer política" con que los movimientos sociales muchas veces se presentan en la escena pública para diferenciarse de la vieja politiquería partidaria suelen más pronto que tarde dar lugar a la resurrección de odiosas prácticas que se creían exclusivas de los partidos.

En otras palabras: partidos y movimientos representan dos modos de articular los intereses del campo popular, modos que no son contradictorios sino complementarios entre otras cosas porque juegan en distintos escenarios: los partidos en el marco de las instituciones políticas y los movimientos en el seno de la sociedad civil. Si estos demostraron poseer una potencial capacidad para establecer una conexión más estrecha con su propia base y representar de manera más inmediata sus intereses, adolecen en cambio de una enorme dificultad a la hora de sintetizar la multiplicidad de particularismos que ellos encarnan en una fórmula política y en una estrategia unificada que pueda enfrentar con éxito la estrategia unificada de la burguesía. Tanto los partidos como los movimientos parecen ignorar que ésta jamás apuesta todas sus cartas en un solo escenario sino que continuamente combina tácticas y estrategias que utilizan tanto los canales institucionales (las elecciones y todas las instituciones políticas del estado) como los canales extra-institucionales: la calle, las movilizaciones, la propaganda política, los medios de comunicación de masas, los sabotajes, lock-outs patronales, fuga de capitales, huelga de inversiones, chantajes sobre los gobernantes, etcétera. En una palabra, la burguesía no se enfrenta con los falsos problemas que suelen paralizar al campo popular, esterilizado y desmovilizado en improductivas discusiones acerca de si movimientos sí o movimientos no, o partidos sí o partidos no. Profunda conocedora del poder y sus secretos, la burguesía utiliza todas las armas disponibles en su arsenal haciendo caso omiso de sus características, mientras sus opositores se desangran dirimiendo primacías entre unas y otras y quedando por eso mismo a merced de sus enemigos de clase.

en http://www.defensadelahumanidad.cult.cu/

Colombia: País registra 38 asesinatos de sindicalistas en este año

por: Agencia de Información

de Escuala Nacional Sindical, Colombia

Con el asesinato del lotero José Omar Galeano Martínez, Presidente Nacional de la Federación Colombiana de Loteros (FECOLOC), ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Buga, Valle, ya son 38 los sindicalistas (34 hombres y 4 mujeres) que este año han perdido la vida violentamente en Colombia, según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS)
Tal cifra da cuenta del preocupante incremento de este fenómeno en Colombia, toda vez que el número de sindicalistas asesinados en los 8 meses que van corridos de este año, es casi igual al registrado durante todo el año anterior, cuando se contabilizaron 39 casos en todo el país. Con un agravante: este año el porcentaje de dirigentes asesinados es mayor: 15, frente a 10 del año anterior.
José Omar Galeano Martínez fue abatido por sicarios que le propinaron dos impactos de bala cuando, a las diez de la noche, se movilizaba en su motocicleta por las calles de Buga. Según información de la CUT, central sindical de la cual es filial la Federación Colombiana de Loteros, Galeano Martínez lideraba la lucha en defensa del derecho al trabajo de los loteros del país, quienes en forma unida se oponen a la entrega de las loterías nacionales a consorcios privados. Por tal razón, la CUT asegura que se trata de un crimen con móviles políticos.
Es el tercer sindicalista asesinado en este mes de agosto. El día 13, en Puerto Asís, Putumayo, había sido acribillado de 7 impactos Manuel Erminson Gamboa Meléndez, de 32 años y padre de tres niños, quien figuraba como vicepresidente de la Asociación Campesina para la Defensa del Putumayo, y como miembro de la Junta Nacional de Fensuagro.
El 8 de agosto, en Saravena, Arauca, la víctima fue Luís Mayusa Prada, de 46 años de edad, quien ese día había salido a acompañar a uno de sus cuatro hijos a una cita médica. De regreso a casa, a las 8:00 de la mañana, fue baleado por sicarios, sin que hasta el momento se tenga información de sus identidades ni de los autores intelectuales. Mayusa se encontraba en Saravena desplazado del departamento del Meta, donde hasta días antes de su muerte se había desempeñado como integrante de la subdirectiva de la CUT en este departamento.
Los 38 asesinatos hacen parte del conjunto de 200 violaciones que en lo que va del año se han cometido contra la vida, la libertad y la integridad de trabajadores sindicalizados, y que comprenden también amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, atentados y otras formas de victimización.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha sido la más afectada por la racha de crímenes. 29 de los asesinados pertenecían a sindicatos afiliados a esta Central. Otros 5 pertenecían a sindicatos filiales de la CGT, y 4 a organizaciones no confederadas.
El sindicato más golpeado es Fensuagro (Federación Sindical Nacional Unitaria Agropecuaria), filial de la CUT, que registró 5 casos de homicidio. También el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev), con 4 homicidios. La Asociación de Educadores del Norte de Santander y el sindicato de los trabajadores del IMPEC, registraron de a tres casos de asesinatos de afiliados.
Llama también la atención el grado de impunidad que, hasta el momento, ha rodeado estos crímenes, pues, según la información disponible, por estos hechos sólo han sido detenidas dos personas.

Indígenas y MST realizan una vigilia. Comienza juicio sobre demarcación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol

por: Adital

El Supremo Tribunal Federal (STF) comenzó hoy (27) a juzgar la presentación judicial que impugna la demarcación en faja continua de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, área de 1,7 millones de hectáreas en Roraima. A la mañana, hubo sustentaciones orales, con la presencia de un indio por primera vez en la tribuna, la abogada Joênia Batista de Carvalho, del pueblo Wapichana. Manifestantes del Movimiento Sin-Tierra (MST) y de Vía Campesina protestaron frente al STF.
El juicio se extiende hasta mañana (28), si no hay pedido de revisión de autos por parte de los ministros. El Supremo decidirá sobre la permanencia de menos de una decena de grandes productores de arroz y 50 familias de agricultores en parte del área donde viven 18 mil indios de las etnias Macuxi, Wapichana, Patamona, Ingaricó y Taurepang.
La presentación judicial que será juzgada fue protocolada por los senadores de Roraima Augusto Botelho (PT) y Mozarildo Cavalcanti (PTB).
Durante toda la mañana, las partes hicieron sus sustentaciones orales. El ex-ministro del STF, Francisco Rezek, representando al gobierno de Roraima, afirmó que la demarcación no se basó en aspectos técnicos consistentes y fue decidida en los "corredores del Ejecutivo". Los abogados de los productores de arroz y los senadores autores de la presentación compartieron la misma idea.
Contrariamente, el abogado general de la Unión, José Antonio Dias Toffoli, sustentó que la demarcación de la reserva en área continua fue realizada por el Gobierno Federal por respeto a los dispositivos constitucionales que garantiza a los indios el uso exclusivo para vivienda, las tierras tradicionalmente ocupadas. Toffoli también negó la existencia de riesgos a la soberanía nacional por la demarcación de tierras indígenas en áreas de frontera.
En el mismo sentido, la abogada Joênia Batista de Carvalho, de la etnia Wapichana, pidió que la tierra no fuese dividida, para que no hubiere perjuicio a la cultura de los pueblos y a la preservación ambiental de la región. Joênia trabaja en el Consejo Indígena de Roraima (CIR) y representó a las comunidades indígenas Barro, Maturuca, Jawari, Tamanduá, Jacarezinho y Manala.
En Brasilia, cerca de 50 manifestantes del Movimiento de Trabajadores Sin-Tierra (MST) y de Vía Campesina realizaron manifestaciones frente al STF en favor de los indígenas. Por su parte, en Roraima, una marcha reunió a cerca de 150 personas en la carretera BR-174, que atraviesa la reserva indígena de São Marcos y que une el estado con Venezuela, en dirección a Boa Vista. Los indios e integrantes del MST realizan una vigilia para seguir todo el juzgamiento.
Hasta el cierre de esta edición, el relator, ministro Carlos Ayres Britto, todavía profería su voto. Britto afirmó que los indios brasileros deberían reverenciar la Constitución Federal como su carta de emancipación y no las declaraciones internacionales, citando la reciente declaración de la Organización de las Naciones Unidas que trata sobre las tierras indígenas. Según el relator, las tierras indígenas son parte del poder estatal brasilero y se someten a las reglas de la soberanía nacional.

en http://www.adital.com.br

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

La guerra silenciada del Congo

por: Jose Lucas*

Revista Pueblos

La República Democrática del Congo ha sufrido dos guerras en estos últimos doce años, la conocida como primera guerra del Congo iniciada en el año 1996, cuyo objetivo fue el derrocamiento del dictador Mobutu Sese Seko y la segunda guerra, iniciada el 2 de agosto de 1998, la mayor en la historia de África y la segunda en número de víctimas después de la Segunda Guerra Mundial.
La primera guerra del Congo, iniciada en 1996, enfrentó a EE UU, Gran Bretaña y Bélgica por un lado, que apoyaron a los ejércitos de Ruanda y Uganda frente al ejército de Mobutu apoyado por Francia. Fue una guerra con pocos combates y con muy escasas víctimas congoleñas, aunque sí se registraron grandes masacres de población hutu ruandesa refugiada en el Congo. El ejército ruandés persiguió a esta población civil ruandesa hasta lograr hacer desaparecer a cientos de miles de ellos [1] . La guerra terminó con el derrocamiento de Mobutu y la instauración de Laurent Kabila como presidente del Congo.
La segunda guerra
Precedidos de una intensa campaña mediática de demonización contra el presidente congoleño, Laurent Kabila, el 2 de agosto de 1998, los ejércitos de Ruanda, Uganda y Burundi irrumpieron en suelo congoleño dando lugar a la llamada “segunda guerra del Congo”, que oficialmente terminaría en el año 2003, aunque seguiría con intensidad decreciente hasta prácticamente nuestros días. Un total de cinco millones y medio de víctimas, civiles congoleños en su inmensa mayoría, serían contabilizadas por las organizaciones de Derechos Humanos.
Al contrario que la primera guerra, esta segunda guerra del Congo sería en parte silenciada o, en el mejor de los casos descontextualizada, para que reflejase sólo un confuso conflicto civil y étnico intercongoleño manipulado por algunas multinacionales anónimas occidentales. Lo importante para estos grandes medios de comunicación sería el encubrimiento del papel jugado por la Ruanda de Paul Kagame, cuyo régimen sigue siendo considerado vital como gendarme de los intereses de las grandes potencias occidentales en África central.
Las razones del inicio de la guerra según muchos analistas independientes como MBelo, A. Lokongo y M. Bitumba [2] habría que achacarlas a la actitud de Laurent Kabila, quien después de varios meses en el poder invalidó y se retractó de los acuerdos que había firmado en el inicio de la primera guerra del Congo (acuerdos de Lemera) en los que se habían concedido a multinacionales como la American Mineral fields Inc., contratos escandalosamente ventajosos sobre vastos yacimientos mineros del este del Congo.
El papel de Francia en esta guerra fue bastante diferente al seguido en la primera guerra. Francia esta vez estaría de acuerdo con el resto de las potencias occidentales en el objetivo de derrocar a Laurent Kabila. Según Honore Ngbanda [3] , Valery Giscard D´Estaing se entrevistó con el presidente angoleño, Dos Santos, para conocer la actitud de Angola en caso de una invasión al Congo. La promesa de Dos Santos a Giscard D´Estaing de no acudir en ayuda de Laurent Kabila, no fue cumplida y el ataque por sorpresa de Angola desde sus cercanas fronteras, destrozó a las tropas ruandesas que tres semanas después del inicio de la guerra ya cercaban la capital, Kinshasa, y dominaban algunos barrios. El levantamiento de la población en estos barrios de Kinshasa (Kimbanseke, Ndjili) acabó en linchamiento de muchos soldados ruandeses y completó la derrota total de Ruanda en el oeste del Congo. En lo sucesivo, el oeste del Congo quedaría en poder de Laurent Kabila, ayudado por Angola, y más tarde por Zimbabwe, así como por la ayuda casi testimonial de Namibia y Chad, mientras el rico este del Congo permanecería dominado por los ejércitos de Ruanda y Uganda. Burundi tendría un papel mínimo y se retiraría a los pocos meses de la invasión.
La invasión llevada a cabo por Ruanda, Uganda y Burundi, por ser contraria al derecho internacional, sería condenada por la cumbre de los países no alineados celebrada en Durban (África del Sur), el 3 de septiembre de 1998. Igualmente fue condenada en la ONU bastante más tarde, en abril de 1999, debido a reticencias de países miembros del Consejo de Seguridad, mediante la resolución 1234, en la que se invitaba a abandonar el Congo a los ejércitos extranjeros “no invitados”. Posteriormente, mediante la resolución 1304, se fijaría un calendario de retirada, que se llevó a cabo una vez que se habían consolidado las guerrillas que podían sustituir con garantía a los ejércitos ugandés y ruandés como guardianes de las zonas mineras del este del Congo.
La prensa evitó en todo momento hablar de invasión, a pesar de que muchos de los enviados especiales a la zona reflejaron en sus crónicas que las tropas que tomaban parte en la ofensiva estaban formadas por ejércitos regulares de Ruanda y Uganda [4] . En su lugar, los medios de comunicación señalaron en los primeros días que se trataba de una rebelión de tutsis congoleños, para posteriormente abandonar esta explicación y comenzar a hablar de una rebelión de la oposición congoleña.
En realidad, en el inicio de la guerra aún no había guerrillas “congoleñas “. Estas fueron creadas con posterioridad y camuflaron la invasión como un conflicto interno contra Laurent Kabila. La primera guerrilla: Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), se crearía el 16 de agosto de 1998, es decir, dos semanas después de iniciada la guerra y estaría formada casi exclusivamente por ruandeses, aunque con jefatura congoleña, por cuestiones de imagen. Meses más tarde, se formaría otra de las grandes guerrillas: el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), financiado por Uganda y formada por congoleños. Posteriormente se multiplicarían las guerrillas, especialmente después del enfrentamiento entre los antiguos aliados: Ruanda y Uganda.
La guerrilla del Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) fue financiada por países occidentales, así al menos lo declaró a la prensa belga el jefe de esta guerrilla, el congoleño Wamba die Wamba, quien felicitó a Bélgica y otros países occidentales por la masiva ayuda brindada a los rebeldes del Congo [5]. Esta guerrilla, que después del enfrentamiento entre los exiliados de Ruanda y Uganda, pasaría a llamarse RCD-Goma, fue la más importante y llegó a dominar las dos terceras partes del extenso territorio del Congo, pero en las elecciones democráticas de 2006, se demostró que contaba con un mínimo respaldo de la población congoleña. Azarias Ruberwa, antiguo presidente del RCD–Goma y uno de los vicepresidentes del Congo gracias a las presiones EE UU durante las conversaciones de paz, sólo fue capaz de obtener un ridículo 1,7 por ciento de los votos.
Las ayudas a los ejércitos invasores quedarían también reflejadas en el primer panel de investigación de la ONU dirigido por la costamarfileña Safiatou Ba-N’Daw. Este panel fue creado tras petición a la ONU del presidente congoleño, Laurent Kabila, para investigar y sancionar a países y entidades que se beneficiaban de la “extracción ilegal” de minerales llevada a cabo durante la segunda guerra del Congo [6]. La presidenta del primer panel duró poco y fue destituida rápidamente, pero pudo, pese a las presiones, sacar a la luz un informe de las investigaciones.
En el informe del primer panel se señalaría que además de Ruanda y Uganda numerosos países occidentales y multinacionales mineras se estaban beneficiando de la guerra y que ésta había sido facilitada entre otros por el Fondo Monetario Internacional, quien había concedido a Ruanda el mayor préstamo y la mayor cancelación de la deuda nunca concedida a ningún país africano. El Gobierno de Gran Bretaña fue también muy generoso en los préstamos a Ruanda (antes y durante la guerra) y, por ejemplo, en septiembre de 2000 le concedió un préstamo de 95 millones de dólares. Habría que ser muy ingenuo para pensar que este préstamo no fuese destinado a la adquisición de armamento.
La presión encomiable de algunas ONG [7] o del representante de Bangla Desh en el Consejo de Seguridad, para que dicho Consejo implementara las recomendaciones señaladas en el informe del primer panel (que posiblemente hubiesen podido parar la guerra), fue contrarrestada por una sutil estrategia de numerosas ONG, quienes, amparándose en la interpretación semántica del término “extracción ilegal”, convirtieron una acusación de invasión basada en el derecho internacional con un subsiguiente saqueo de minerales ejercida por una de las partes de la guerra, en una acusación de corrupción en la extracción de los minerales que afectaba a los dos bandos de la guerra. Es decir, corrupción en las empresas mineras occidentales aliadas a Ruanda y Uganda y corrupción, en la otra parte, en las empresas joint venture formadas por Congo y Angola o Zimbabwe creadas como pago por ayuda de guerra. El resultado de todo ello fue la creación de una opinión donde todos eran culpables, invasores e invadidos, y en estos casos donde todos son culpables desaparece la presión para que se produzcan sanciones contra invasores y socios.
En el contexto de la guerra también se han producido estrategias de tierra arrasada, con masacres indiscriminadas y violaciones masivas a la población civil congoleña, especialmente en las provincias de los Kivus. En el auto emitido por el juez F. Andreu, el pasado 6 de febrero [8], y que supuso 40 órdenes internacionales de arresto por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad contra altos cargos nombrados por el actual Gobierno ruandés de Paul Kagame, se recogen testimonios de testigos protegidos, quienes señalan que su objetivo en el Congo era eliminar a la mayor parte posible de población civil congoleña. Se estaría buscando despoblar ciertas regiones mineras para posteriormente conseguir su anexión a Ruanda.
El gran problema por el cual no ha sido posible la paz en el Congo reside fundamentalmente en el encubrimiento por parte de las grandes potencias de los crímenes del actual Gobierno de Ruanda. Esta actitud de las grandes potencias se ha traducido en una amnesia en los medios de comunicación y en una gran parte de organizaciones de Derechos Humanos presentes en el área (con excepciones como Amnistía Internacional) cuando se trataba de investigar o difundir la inmensa mayoría de las masacres, que son precisamente las cometidas por el bando ayudado por Occidente. La campaña iniciada hace varias semanas por: africannewsanalysis.blogspot.com contra la organización de Derechos Humanos, International Rescue Committee, que tiene a Henry Kissinger entre su directiva, es por este motivo. Muchas de las organizaciones de Derechos Humanos financiadas por gobiernos de países occidentales con intereses en la región, a su vez crean o contactan con organizaciones locales a las que financian para dirigir sus denuncias.
Una solución que reduciría considerablemente la violencia en la zona sería la de celebrar unas elecciones verdaderamente democráticas en Ruanda, pero esta opción acabaría con toda probabilidad con el Gobierno de Paul Kagame y esto nunca sería aceptado por las grandes potencias.

Notas
[1] Umutesi, M. B. (2002): Huir o morir en el Zaire, Lleida, Editorial Milenio.
[2] Bitumba Tipo-Tipo, Mayoyo (2006): La deuxieme guerre occidentale contre le Congo, París, Editorial L´Harmattan.
[3] Ngbanda Nzambo, Honore (2004): Crimes organisés en Afrique centrale, París, Editions Duboiris.
[4] Artículo de Stephen Smith en Liberation , 20 de agosto de 1998.
[5] “La Dernier Heure”, 2 de febrero de 1999.
[6] Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of Democratic Republic of Congo (S/2001/357), para 113. p. 27.
[7] International Peace Information Service: “Supporting the war Economy in the DRC: European companies and the coltan trade”, enero de 2002.
[8] La querella del juez F. Andreu se puede ver en: http://www.umoya.org/

Comunicado Público. Ante violento de la Comunidad Autónoma Mapuche de Temucuicui

La Comunidad Mapuche Autónoma de Temucuicui mediante el siguiente comunicado denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional otro violento allanamiento en contra de nuestra Comunidad.

1.- Hoy, domingo 24 de 2008 a las seis de la madrugada, mientras los niños, ancianos y mujeres dormían tranquilamente en sus viviendas, Carabineros irrumpió sin exhibir ningún documento de tipo legal y menos explicar los motivos del violento operativo. El fuerte contingente policial estuvo compuesto por siete zorrillos lanzagases, 5 micros, una tanqueta, diez furgones policiales y aproximadamente 300 efectivos de Fuerzas Especiales quienes fuertemente armados irrumpieron violentamente en varias viviendas de nuestros miembros que componen la Comunidad Autónoma Mapuche de Temucuicui, quedando la mayoría de las puertas y ventanas completamente destruidas.
2.- Producto del descontrol y la excesiva violencia con que actuaron las Fuerzas Policiales en el allanamiento, hubieron 10 niños heridos, entre ellos Mañil Wenu Huenchullan, de tan solo nueve días de edad, los que presentaron mareos, vómitos y signos de principios de asfixia producto de las bombas lacrimógenas lanzadas al interior de las viviendas. En otra de las viviendas allanadas sacaron violentamente descalza y semidesnuda a la anciana Helena Marillan Huenten de 94 años de edad, quién además se encontraba con uno de sus pies fracturados, quedando en muy malas condiciones de salud. Finalmente tres hombres y una mujer quedaron con graves heridas en diferentes partes de sus cuerpos, producto de los disparos realizados por carabineros, quienes por temor a ser detenidos y acusados por algún delito, solicitaron no ser identificados y menos ser trasladados al Consultorio de Ercilla, lo que se transforma en un gran problema de salud para nuestra comunidad.
3.- Como lo informaban ayer los medios de comunicación, se habría producido un grave hecho de violencia a una micro que presta servicios a Forestal Arauco, de propiedad de Mario Nain Curamil, quién atribuyó responsabilidad directa a miembros de nuestra Comunidad Autónoma de Temucuicui. Ante esta situación nuestra Comunidad rechaza tajantemente estas imputaciones y acusaciones gratuitas y hacemos un llamado al Ministerios Público a investigar de manera transparente, debido a que según antecedentes este contratista tendría problemas internos con sus trabajadores a quienes supuestamente estaría engañando y utiliza a nuestra Comunidad para librarse de sus responsabilidades laborales como contratista. Aclaramos además, que el trabajo de nuestra Comunidad jamás ha sido de agredir y menos de cometer estos actos que además repudiamos. Por otra parte en las vivienda allanadas en todo momento los Carabineros preguntaban por armamento y el paradero de los peñi que están requeridos por la Justicia (nuestros luchadores sociales Mapuche). Se nos interroga por armas que jamás han encontrado ni jamás encontrarán por que no existen.
4.- Nuestra comunidad durante mucho tiempo ha venido trabajando por la restitución de nuestras tierras ancestrales y en defensa y promoción de todos los derechos que nos corresponden como Pueblo Nación Mapuche. Hace meses, el gobierno se acercó y comenzó un diálogo directo sobre la restitución de nuestras tierras que están en disputa con el Latifundista René Urban y la desmilitarización total de nuestra Comunidad. Frente a esta situación muchos parlamentarios de diferentes sectores políticos, entre ellos partidos de derecha (RN y UDI), junto a algunas "autoridades" y particulares de la zona han repudiado públicamente este supuesto enfrentamiento y el traspaso de la tierra. Por esta razón nos han catalogado de Comunidad violenta, imputándonos nexos con grupos extremistas, calificándonos de terroristas y delincuentes, todo esto con el solo objetivo de estigmatizar y justificar el aumento de Fuerzas Especiales y allanamientos con el propósito de que el Gobierno abandone dicha negociación.
5.- Más tarde y según información entregada por el Gobernador Rubén Quilapi a Radio Bío- Bío, señala que este violento operativo se enmarcaba en una orden de detención en contra de Jaime Huenchullán por su presunta responsabilidad en la quema de un camión del Particular René Urban, ocurrida en el verano de 2006 y quién además apareció en un reportaje de Canal 13 el día viernes 22 de agosto de 2008, en el que se menciona que estaba clandestino y trabajando en nuestra comunidad a metros de Carabineros. Nuestro hermano optó por no presentarse ante la Justicia ya que no hay garantías para un Juicio justo y además ha estado varias veces en la prisión política, donde siempre se le han imputado cargos que lo mantienen por largo tiempo encerrado y posteriormente no se comprueba su participación en los ilícitos, dejándolo siempre en libertad.
Hacemos un amplio llamado a las distintas comunidades mapuche a repudiar estos graves hechos de violencia en parte del Estado chileno en contra de nuestro Pueblo Mapuche y a estar atentos a otros allanamientos, aún más masivos anunciados por el ministro vocero de Gobierno Francisco Vidal en el día de hoy, donde anunció lo siguiente "si es necesario ir, iremos nuevamente, si es por más carabineros, más carabineros mandaremos". Estas medidas claramente son para continuar con la práctica de represión que se mantiene en contra de las comunidades mapuche movilizadas. Pu werken: Víctor Queipul Jorge Huenchullan. Luis Tori.

Comunidad Mapuche Autónoma de Temucuicui, Wallmapuche Temucuicui 24 de agosto de 2008

en Comisión de Comunicaciones el 25 de agosto de 2008

Violencia en la Araucanía: responsabilidad de todos

por: José Aylwin*

El incendio que el 17 de este mes afectara el fundo Santa Rosa, en la Araucanía, es un hecho lamentable. Por lo mismo debe ser condenado categóricamente, investigado y sancionado por la justicia, quien quiera sea su responsable. Junto con condenar este hecho, preocupan las implicancias que este tiene para la convivencia interétnica y los derechos humanos en la región.

Aunque personeros de gobierno y de oposición se han abstenido de imputar este hecho a grupos determinados, entidades como el Ministerio Público, encabezadas por el propio Fiscal Nacional, han vuelto a estigmatizar a los mapuches. El fiscal regional de la Araucanía, por su parte, ha ido más lejos, subrayando la intervención en las zonas de conflicto de grupos de apoyo a los mapuches. Menciona al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano), entidad que co dirijo, manifestando que ésta participa en la defensa de los mapuches pertenecientes a la CAM. Cuestiona con ello un derecho humano básico hoy internacionalmente reconocido: el derecho a la defensa. Esta lógica podría llevar al Fiscal regional a interpelar la acción de la propia Defensoría Penal Pública, la que ha asumido diversas causas de imputados mapuches vinculados a los conflictos por tierras en los últimos años, imputados que dicho sea de paso, en su mayoría han sido absueltos de los cargos de los que la Fiscalía les ha acusado.

Desde el gobierno, con el apoyo de la oposición, se han interpuesto acciones legales y solicitado la aplicación de todo el rigor de la ley en contra de los responsables. Ello contrasta con la pasividad que éste ha tenido frente a otros hechos de violencia ocurridos en la Araucanía, como los allanamientos masivos, apremios ilegítimos, hechos constitutivos de tortura, e incluso frente a los casos de homicidio que han afectado a personas mapuches. Rara vez se ha escuchado a las autoridades condenar tan enérgicamente como ahora, o visto interponer acciones legales para investigar las responsabilidades criminales detrás de estos hechos.

Tampoco han tomado iniciativas para reformar la legislación que permite que estos delitos -cometidos generalmente por agentes policiales del Estado- sean investigados por la justicia militar y no por la justicia ordinaria, avalando con ello su impunidad.

Preocupan, finalmente, los anuncios efectuados por carabineros en el sentido de impulsar estrategias “antiguerrillas” tales como el copamiento de zonas de conflicto, misiones de acoso a los grupos más radicales, y fortalecimiento del trabajo de inteligencia en su contra. Recordemos que el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU llamó la atención sobre los abusos policiales en comunidades mapuches y otros sectores vulnerables. Frente a estos hechos cabe también una acción decidida de la autoridad para ponerles freno. De otro modo, no habrá justicia en la Araucanía ni “re-conocimiento de la multiculturalidad” que aquí existe, como postula la Presidenta en sus políticas para pueblos indígenas.

*Abogado, master en derechos de pueblos indígenas.

Es codirector del Observatorio Ciudadano

Los Bateyes, el pequeño Haití