por: José Aylwin*
El incendio que el 17 de este mes afectara el fundo Santa Rosa, en la Araucanía, es un hecho lamentable. Por lo mismo debe ser condenado categóricamente, investigado y sancionado por la justicia, quien quiera sea su responsable. Junto con condenar este hecho, preocupan las implicancias que este tiene para la convivencia interétnica y los derechos humanos en la región.
Aunque personeros de gobierno y de oposición se han abstenido de imputar este hecho a grupos determinados, entidades como el Ministerio Público, encabezadas por el propio Fiscal Nacional, han vuelto a estigmatizar a los mapuches. El fiscal regional de la Araucanía, por su parte, ha ido más lejos, subrayando la intervención en las zonas de conflicto de grupos de apoyo a los mapuches. Menciona al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano), entidad que co dirijo, manifestando que ésta participa en la defensa de los mapuches pertenecientes a la CAM. Cuestiona con ello un derecho humano básico hoy internacionalmente reconocido: el derecho a la defensa. Esta lógica podría llevar al Fiscal regional a interpelar la acción de la propia Defensoría Penal Pública, la que ha asumido diversas causas de imputados mapuches vinculados a los conflictos por tierras en los últimos años, imputados que dicho sea de paso, en su mayoría han sido absueltos de los cargos de los que la Fiscalía les ha acusado.
Desde el gobierno, con el apoyo de la oposición, se han interpuesto acciones legales y solicitado la aplicación de todo el rigor de la ley en contra de los responsables. Ello contrasta con la pasividad que éste ha tenido frente a otros hechos de violencia ocurridos en la Araucanía, como los allanamientos masivos, apremios ilegítimos, hechos constitutivos de tortura, e incluso frente a los casos de homicidio que han afectado a personas mapuches. Rara vez se ha escuchado a las autoridades condenar tan enérgicamente como ahora, o visto interponer acciones legales para investigar las responsabilidades criminales detrás de estos hechos.
Tampoco han tomado iniciativas para reformar la legislación que permite que estos delitos -cometidos generalmente por agentes policiales del Estado- sean investigados por la justicia militar y no por la justicia ordinaria, avalando con ello su impunidad.
Preocupan, finalmente, los anuncios efectuados por carabineros en el sentido de impulsar estrategias “antiguerrillas” tales como el copamiento de zonas de conflicto, misiones de acoso a los grupos más radicales, y fortalecimiento del trabajo de inteligencia en su contra. Recordemos que el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU llamó la atención sobre los abusos policiales en comunidades mapuches y otros sectores vulnerables. Frente a estos hechos cabe también una acción decidida de la autoridad para ponerles freno. De otro modo, no habrá justicia en la Araucanía ni “re-conocimiento de la multiculturalidad” que aquí existe, como postula la Presidenta en sus políticas para pueblos indígenas.
Aunque personeros de gobierno y de oposición se han abstenido de imputar este hecho a grupos determinados, entidades como el Ministerio Público, encabezadas por el propio Fiscal Nacional, han vuelto a estigmatizar a los mapuches. El fiscal regional de la Araucanía, por su parte, ha ido más lejos, subrayando la intervención en las zonas de conflicto de grupos de apoyo a los mapuches. Menciona al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano), entidad que co dirijo, manifestando que ésta participa en la defensa de los mapuches pertenecientes a la CAM. Cuestiona con ello un derecho humano básico hoy internacionalmente reconocido: el derecho a la defensa. Esta lógica podría llevar al Fiscal regional a interpelar la acción de la propia Defensoría Penal Pública, la que ha asumido diversas causas de imputados mapuches vinculados a los conflictos por tierras en los últimos años, imputados que dicho sea de paso, en su mayoría han sido absueltos de los cargos de los que la Fiscalía les ha acusado.
Desde el gobierno, con el apoyo de la oposición, se han interpuesto acciones legales y solicitado la aplicación de todo el rigor de la ley en contra de los responsables. Ello contrasta con la pasividad que éste ha tenido frente a otros hechos de violencia ocurridos en la Araucanía, como los allanamientos masivos, apremios ilegítimos, hechos constitutivos de tortura, e incluso frente a los casos de homicidio que han afectado a personas mapuches. Rara vez se ha escuchado a las autoridades condenar tan enérgicamente como ahora, o visto interponer acciones legales para investigar las responsabilidades criminales detrás de estos hechos.
Tampoco han tomado iniciativas para reformar la legislación que permite que estos delitos -cometidos generalmente por agentes policiales del Estado- sean investigados por la justicia militar y no por la justicia ordinaria, avalando con ello su impunidad.
Preocupan, finalmente, los anuncios efectuados por carabineros en el sentido de impulsar estrategias “antiguerrillas” tales como el copamiento de zonas de conflicto, misiones de acoso a los grupos más radicales, y fortalecimiento del trabajo de inteligencia en su contra. Recordemos que el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU llamó la atención sobre los abusos policiales en comunidades mapuches y otros sectores vulnerables. Frente a estos hechos cabe también una acción decidida de la autoridad para ponerles freno. De otro modo, no habrá justicia en la Araucanía ni “re-conocimiento de la multiculturalidad” que aquí existe, como postula la Presidenta en sus políticas para pueblos indígenas.
*Abogado, master en derechos de pueblos indígenas.
Es codirector del Observatorio Ciudadano
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